Cuando hablamos de innovación y cambio educativo utilizamos frecuentemente la expresión «educación centrada en el alumno» y, habitualmente, dirigimos la mirada hacia la contextualización de la acción educativa ajustada a las necesidades y experiencias del discente como base de una enseñanza de calidad. En este sentido, me parece imprescindible dirigir la mirada también hacia el ámbito de la organización escolar y diseñar cauces de intervención del alumnado en las decisiones organizativas de los centros donde se están formando.
Estos cauces participativos ayudarán a dar el paso decisivo hacia la transformación de los centros de enseñanza en espacios de aprendizaje integral. En los centros educativos de primaria y secundaria (especialmente estos últimos) los conceptos de participación de las familias y alumnado se entienden a menudo como una sobrecarga, como una licencia legislativa innecesaria e incluso contraproducente. De tal modo que el escaso desarrollo legislativo existente en las últimas leyes de educación (Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados) se queda en pura retórica legislativa.
La existencia de una cierta apatía hacia los procesos de participación, dentro de la institución escolar, es un hecho cotidiano y constatable en los centros educativos españoles, salvo raras excepciones. Sólo tendríamos que mirar hechos relevantes (nº de candidatos, porcentaje de participación…) en los últimas elecciones a Consejos Escolares en los centros de Educación Secundaria.
No tenemos otro remedio que plantearnos el interrogante del por qué sucede esto. La no existencia de Proyectos Educativos con conciencia democrática, más allá del estricto cumplimiento tecnocrático de la normativa, puede ser una de las causas. Su realización es una tarea compleja que requiere, fundamentalmente, del convencimiento de la necesidad de una práctica democrática de hecho en los centros educativos. Cuando todavía existe cierto debate «sotto voce» sobre «la inclusión» como principio y derecho de una educación para todos, es complejo dar el salto cultural hacia el concepto de realizar una educación entre todos, donde todas las partes implicadas, tengan voz y voto, y me refiero más concretamente al alumnado.
La construcción de una cultura participativa de centro, actualizada al siglo XXI, es un salto cualitativo en educación que es necesario, pero que requiere de un esfuerzo y una reflexión conjunta que no todas los ámbitos participantes están dispuestos a realizar, así como de la adquisición de un grupo de compromisos que no todos los implicados quieren asumir. No podemos comparar la educación primaria y la educación secundaria, pues sin restar importancia a los modelos democráticos y de participación que se deben crear en primaria, es en secundaria donde la participación adquiere un valor intrínsecamente democrático y donde la vivencia de la democracia se transforma, en muy pocos años, en participación real social y política de los ahora alumnos y mañana ciudadanos.
Plantearnos el por qué esto es así nos lleva a pensar en una multiplicidad de responsabilidades que se eluden sistemáticamente. Dice la legislación vigente que «corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del alumnado en el funcionamiento de los centros, a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus representantes en el Consejo Escolar». El qué y el quien están definidos. Falta organizar el cómo. Un dato: es rarísimo encontrar en las actas de los Consejos Escolares propuestas, matices o intervenciones de los alumnos (no es necesario decir lo difícil que es encontrar una propuesta trascendente aprobada).
Algunas claves para la mejora de la participación del alumnado de secundaria en la vida escolar de sus centros pueden pasar por:
- El compromiso real de las Administraciones educativas con el desarrollo legislativo que promocionen la participación del alumnado y regule la creación y funcionamiento de los órganos de participación del los alumnos y alumnas: Consejo Escolar, Junta de Delegados, Asociaciones de Alumnos.
- El apoyo y la valorización de los Equipos Directivos a las Juntas de Delegados, tutelando su existencia, posibilitando sus reuniones creando espacios y tiempos, escuchando sus propuestas sobre horarios, organización del centro, actividades complementarias, currículo, evaluación… Un ejemplo: incluir al alumnado en comisiones de trabajo delegadas del Consejo Escolar, además de promocionar la práctica de una democracia horizontal y real, ofrece a los responsables de los centros educativos una percepción de los problemas mucho más cercana a la realidad (en comisiones de disciplina, económicas, de elaboración de los objetivos generales de la PGA) y sorprendentemente mucho más objetiva.
- La creación de Asociaciones de Alumnos y Alumnas al amparo legal de las Asociaciones de Madres Padres (AMPAS) como plataforma directa de participación y compromiso de sus propios hijos en su educación, aprovechándose del valor social del asociacionismo como marco donde debatir, reflexionar y asumir responsabilidades debe convertirse en un compromiso ineludible. Corresponde a las familias imbuir a los hijos la idea de participación y colaboración en su propia formación, de animar hacia un movimiento proactivo en todos los ámbitos que conforman su vida social y comunitaria.
- Desde los equipos docentes, y en especial las tutorías, su compromiso debe estar en la completa planificación de la acción tutorial, proporcionando, no sólo información, si no lo que es más importante, formación en democracia y dinámicas de participación en el aula, encauzando demandas, facilitando la cooperación como valor tanto en sí misma como para aprender. Un ejemplo: Organización de responsabilidad por comisiones (de fiestas, de eventos, de certámenes…) y planificación de modelos participativos como asambleas, foros de debate y opinión, dentro de la acción tutorial y del currículo de las áreas
Obviar el debate sobre las claves de mejora en este aspecto de la participación de los actores principales de la educación en su propio devenir formativo, no beneficia a nadie, y por contra, perjudica gravemente la credibilidad de las organizaciones educativas que, por otro lado, tan necesitadas de apoyo social estamos.
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